¿Qué sabemos sobre lo que sucedió en la masacre de los 72 migrantes?

Sin verdad no habrá justicia para las víctimas de los 72, ni de ninguna de las masacres cometidas contra la población migrante

Fue el tormento, los golpes y en pedazos
nos rompimos. Yo alcancé a
oírte pero la luz se iba.
Te busqué entre los destrozados,
hablé contigo. Tus restos me miraron
y yo te abracé. Todo acabó.
No queda nada. Pero muerta
te amo y nos amamos, aunque
esto nadie pueda entenderlo.
Raúl Zurita

Tristeza y enojo. Cuando la familia Medrano, originaria de El Salvador salió de una toma de muestras de ADN en junio de 2017, estaban hechos de eso, tristeza y enojo. Ese día, al salir de casa, lo habían hecho con muchas expectativas, la exhumación del cuerpo y la toma de muestras sería un paso importante para estar un poco más cerca de resolver una duda que llevan cargando 8 años. En 2010, les habían entregado un ataúd cerrado que les prohibieron abrir, les dijeron que ahí dentro iba Glenda Medrano, que había sido asesinada en San Fernando, Tamaulipas, cerca de la frontera norte de México, junto a 71 personas más. Pero al salir del Instituto de Medicina Legal Salvadoreña, lo único que consiguieron fue tristeza y enojo. Ellos preferían que el Equipo Argentino de Antropología Forense a través de la Comisión Forense fuera quien hiciera el trabajo, pero ni en El Salvador ni en México, las autoridades han escuchado sus peticiones, o si lo hacen, es a marchas forzadas, después de mucha presión.

En Guatemala, doña Ángela Pineda Lacán piensa en Efraín, Richard, Nancy y Mariela, es decir, en su esposo, su hijo, su hija y su sobrina. Se marcharon juntos hacia el norte. Entre 2010 y 2011, recibió 4 féretros. “Yo no estoy segura, si son ellos los que me entregaron”. A ella, ninguna autoridad, ni mexicana ni guatemalteca, le ha entregado un dictamen científico que le de total certeza de si los cuerpos que enterró eran su familia. Cuando ha llegado a viajar a México para revisar avances de su caso, ve en la calle a personas sin techo. “A veces pienso si mi familia no son ellos, si están vivos y ya no me reconocen y yo no los reconozco”. A ella, también le dijeron que sus familiares fueron asesinados en la bodega que está al final de una brecha, en medio de la nada, en un lugar llamado San Fernando, en Tamaulipas. “Si estamos pidiendo esta ayuda es por que lo necesitamos, necesitamos descansar de este tormento”.

“A las familias de las víctimas de esta masacre que han recibido restos no se les ha dado explicación alguna acerca de lo ocurrido, no tienen dictámenes, ni explicaciones científicas sobre cómo se llevaron a cabo las identificaciones”

El 21 de agosto de 2018, un grupo de personas colocaron una cruz frente a la bodega abandonada, en San Fernando, el padre Pedro Pantoja, quien trabaja en Casa del Migrante Saltillo, llevó una gran cruz tachonada de 72 cruces rojas que hizo con migrantes que estaban en el albergue. “Queremos acompañarle a poner la cruz”, le dijeron antes de que partiera. Aunque no fue posible que lo acompañaran, el homenaje que los migrantes le hicieron a los migrantes que les precedieron es signicativo. Una vez levantada la cruz en la bodega, y antes de partir, Fray Tomás, quien dirige el albergue en Tenosique, Tabasco, y  estuvo en el grupo que viajó a la bodega, pidió: “Ni perdón, ni olvido”.

Después de 8 años, es difícil pensar que la masacre de las 72 personas migrantes puede ser calificada de otra forma que no sea como crimen de lesa humanidad, que se trata de un crimen que marcó a nivel mundial, el significado de la violencia hacia la población migrante y representa una de las más graves violaciones a los derechos humanos en México, que San Fernando es un agujero negro, un pozo de horror sin fondo, un horror sin respuestas.

¿Qué ha pasado después de 8 años con la investigación?

Una orden de aprehensión, la cual está pendiente, y 11 personas procesadas, pero ninguno sentenciado. La investigación no ha dado resultados, ni significativos avances para esclarecer los hechos, ni las causas que lo motivaron.

Ni las familias, ni sus representantes son informadas sobre el transcurso de la investigación o los procesos penales que se llevan a cabo. A pesar de que actualmente ya existe un canal para que la PGR establezca un vínculo que responda a las familias. El Mecanismo de Apoyo Exterior (MAE), creado por la misma institución, es la vía idónea para acercar la justicia a las familias de las víctimas que residen fuera de México. Sin embargo, existe una negativa para ser utilizado en este caso, por ello los familiares y la Fundación para la Justicia exigen su implementación en el caso de los 72.

“El horror y la tortura que viven las familias no termina hasta que las familias tengan verdad y justicia”

¿Se puede buscar verdad y justicia sin copias de los expedientes?

Una parte fundamental del proceso es que las familias y sus representantes tengan copias de los expedientes. Sin embargo, siguen sin poder tener copias de los expedientes. Aunado a ello, en lo que va de 2018, la PGR únicamente ha concedido 18 horas para su consulta, lo que se traduce en una violación continua y sistemática a los derechos de las víctimas y, a pesar de que en 2014 la SCJN revocó la declaración de reserva de la investigación sobre este caso, y ordenó que la CNDH calificará como grave violación a los derechos humanos el caso de los 72, la Procuraduría General de la República (PGR) continúa obstaculizando la justicia.

“Yo no estoy segura, si son ellos los que me entregaron” Las dudas de los cuerpos entregados persisten.

A las familias de las víctimas de esta masacre que han recibido restos no se les ha dado explicación alguna acerca de lo ocurrido, no tienen dictámenes, ni explicaciones científicas sobre cómo se llevaron a cabo las identificaciones. Las familias que recibieron a sus familiares entre 2010 y 2011, los enterraron con la duda, que aún mantienen, de si tales restos pertenecen o no a sus seres queridos.

En ese aspecto, los familiares ven fundamental que la respuesta de la Comisión Forense (CF), en la que participan peritos de la PGR, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales observadoras del proceso, de una respuesta clara que les brinde certeza sobre si los cuerpos entregados son o no de sus familiares, para disipar dudas y que, además, se haga un correcto reconocimiento.  La CF determinó que es necesario exhumar los cuerpos para poder realizar una correcta identificación que dé certeza a las víctimas, es decir, hacer lo que en su momento no hizo la PGR. Se espera que la Comisión Forense identifique a las 9 personas que aún permanecen en calidad de desconocidas para ello la coordinación entre los países es fundamental.


Sin verdad no habrá justicia

La muerte y la impunidad no se detuvieron en San Fernando. Ocho meses después de la masacre de las 72 personas migrantes. En abril del 2011, ocurrió el hallazgo de cerca de 195 restos de personas en 47 fosas clandestinas, entre los que fueron identificadas personas migrantes. Sin embargo, la lista de horror no termina ahí. Con mayor grado de crueldad, un año después, en mayo de 2012, en la carretera Reynosa-Tamaulipas, en el tramo correspondiente al municipio de Cadereyta, Nuevo León fueron encontrados 49 torsos de migrantes desmembrados.

Se trata, entonces, de tres masacres consecutivas contra la población migrante caracterizadas por ser expresiones de violencia recrudecidas que, hasta a la fecha, continúan sin verdad ni justicia. En lo que respecta a la masacre de los 72 migrantes, actualmente no existe ninguna sentencia, tampoco existe reparación integral del daño para las familias. La investigación no ha dado resultados, ni significativos avances para esclarecer los hechos, ni las causas que lo motivaron.

El Estado mexicano tiene una enorme deuda con las víctimas de estos crímenes, con la sociedad mexicana y con las naciones de donde eran originarios los 72. Los familiares de quienes fueron masacrados han insistido constantemente en que merecen y exigen justicia, sin embargo, constantemente se les han negado, uno tras otro, sus derechos. El horror y la tortura que viven las familias no termina hasta que las familias tengan verdad y justicia, hasta que las autoridades se decidan a terminar con la impunidad y se decidan a escuchar y recibir a las familias que han resistido al olvido. Ocho años sin escucha no es poco tiempo, significa una total falta de interés de las autoridades mexicanas por resolver estos crímenes de lesa humanidad. Eso tiene que cambiar. El gobierno entrante quien ha insistido en que las víctimas estarán al centro de su gobierno, tiene la oportunidad de ser un referente a nivel internacional y terminar con la impunidad. Está en ellos que sea más que una promesa.


#8añosSinEscucha