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Artículo publicado por Agencia Reforma el 20 de enero de 2015

“Cuestionan datos de desaparecidos”

México.- Los avances del Estado en materia de desaparición aún son inoperantes e insuficientes, coincidieron activistas y familiares de personas desaparecidas.
Durante el Foro sobre Desaparición Forzada de Personas, que se realizó ayer en la Cámara de Diputados, lanzaron múltiples críticas a los logros presumidos previamente por Eliana García, subprocuradora de Derechos Humanos de PGR, respecto a la creación de bases de datos y registros de desaparecidos.
Michael Chamberlin, integrante del Centro Fray Juan de Larios, ejemplificó que el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas y Desaparecidas (RNPED) no incluye a la mayoría de los desaparecidos atendidos en la organización, cuyos casos han sido denunciados ante las procuradurías.
“Desde su incompetencia hasta su nula capacidad para investigar el paradero de nuestros familiares, las autoridades no investigan para encontrar con vida a nuestros seres queridos, y han generado una cultura de buscar muertos”, afirmó.
Las procuradurías siguen sin procesar los casos bajo el tipo penal de desaparición, reclamó, y en su lugar investigan secuestros u homicidios.
Samuel Kenny, coordinador de incidencia de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, acusó que el RNPED no incluye datos sobre migrantes desaparecidos y víctimas de desapariciones forzadas.
Éste tampoco está actualizado al día, no cuenta con seguimiento, ni permite la participación de la sociedad civil en su conformación.
Ernesto Schwartz, director de la organización Gobernanza Forense, criticó que las bases de datos genéticas no cuentan con la vigilancia de comités de expertos mixtos y autónomos.
Asimismo, consideró que las bases están incompletas, puesto que carecen de información contenida en espacios como las redes sociales.
“No es cierto lo que dijo esa mujer (Eliana García) (…) es un informe de hipocresía y de simulación para justificar que están haciendo algo”, reprochó el padre Pedro Pantoja, de la casa de migrante de Saltillo, en relación a los avances presentados por la subprocuradora durante el foro.
En la casa del migrante, argumentó, se tienen datos de más de 50 mil migrantes secuestrados desde 2009.
Perseo Quiroz, director ejecutivo de la oficina en México de Amnistía Internacional, pidió a legisladores reformar los códigos penales y aprobar una Ley General de Desaparición, la cual impacte en la construcción de políticas públicas.
Su llamado fue ampliado por Agustín Lara Godoy, director general  del Programa sobre Presuntos Desaparecidos de la CNDH, quien urgió al Gobierno federal a consolidar una base de datos de desaparecidos debidamente estructurada, y a tener un protocolo de investigación de desapariciones para las procuradurías.
También llamó a aceptar la competencia del Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas para recibir denuncias formuladas por víctimas.