Masacre de migrantes en Cadereyta: 6 años de impunidad

  • Ni víctimas ni representantes legales han podido obtener copias de la investigación.
  • Hasta le fecha, ningún procesado ni sentenciado por esta masacre.

Mayo 2018

En la madrugada del domingo 13 de mayo de 2012,  en la carretera Monterrey-Reynosa, en Cadereyta, Nuevo León, el Ejército Mexicano reportó el hallazgo de 49 personas decapitadas y desmembradas. Entre las víctimas hasta el momento identificadas, 13 son migrantes centroamericanos. Hasta la fecha, ni la Procuraduría General de la República (PGR) ni la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León han consignado por los hechos.

El pasado 18 de octubre de 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)  emitió la Recomendación 8VG/2017 sobre el caso, clasificando los hechos de graves violaciones a los Derechos Humanos. El instrumento fue dirigido al Titular de la Procuraduría General de la República y a los Gobernadores de los Estados de Nuevo León y Tamaulipas; sin embargo, a 8 meses de emitida la Recomendación, ninguno de sus puntos (tendentes a la sanción, reparación y no repetición de tales violaciones) ha sido cumplido por las autoridades involucradas.

Hermetismo absoluto por parte de la PGR

En 2016, la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho interpuso un amparo contra la negativa de expedición de copias de la averiguación previa radicada en la PGR. El amparo fue concedido, sin embargo, en las copias entregadas, correspondientes a 17 tomos del expediente, se testó deliberadamente la información sustancial de las actuaciones, incluyendo la relativa a los servidores públicos que intervinieron en la investigación, al lugar de los hechos, a las víctimas, etc, como lo ilustran las imágenes de abajo. Situación que impide a las familias y sus representantes legales un acceso real a la información, y que puedan coadyuvar efectivamente y ejercer sus derechos fundamentales.

 

Foto: Copias testadas del expediente de averiguación previa, entregadas a las víctimas y sus representantes legales.

 

Impunidad absoluta

Desde el año 2012, la PGR y la Procuraduría General de Justicia del estado de Nuevo León, han realizado labores de investigación de los hechos, no obstante, a la fecha se desconoce cómo y por qué sucedieron, y quiénes los llevaron a cabo, dejando a los familiares de las víctimas en estado de indefensión e impotencia.

El expediente de averiguación previa fue asignado a la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad de la PGR, sin que hasta el momento presente avances significativos.

A partir del año 2014, con la puesta en marcha de la Comisión Forense, integrada por servicios periciales oficiales y el Equipo Argentino de Antropología Forense, se logró identificar a 10 migrantes hondureños, 2 nicaragüenses, 1 guatemalteco y 3 mexicanos, quedando pendiente la identificación de las demás víctimas, y un real acceso a la justicia y a la reparación para sus familiares.

PGR: Incapacidad de investigación

En abril de 2017, las víctimas y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho presentaron ante la autoridad investigadora, un peritaje elaborado por dos expertos internacionales, del cual derivaron 108 recomendaciones específicas y 12 generales, destinadas a orientar y perfeccionar las acciones de investigación. No obstante, dichas recomendaciones tampoco han sido consideradas, y la investigación continúa estancada.

Lo anterior pone de relieve la incapacidad de las autoridades para resolver casos de criminalidad compleja y delincuencia organizada, en los cuales se ven gravemente afectados los derechos humanos de las víctimas, aunado a la falta de mecanismos eficientes de atención a las familias, particularmente cuando viven en territorio extranjero. Por ello, y más que nunca, urge:

  • Que la PGR investigue efectiva y eficazmente los hechos, atendiendo a los estándares internacionales aplicables, a las recomendaciones que le fueron formuladas, y garantizando la capacidad real de los investigadores para atender este tipo de caso.
  • Que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) diseñe, junto con los familiares de las víctimas, un mecanismo de reparación integral que incluya medidas que reivindiquen el honor y la dignidad de las víctimas, así como medidas de no repetición.
  • Que la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la PGR y la CEAV, trabajen coordinadamente para el fortalecimiento del Mecanismo de Apoyo Exterior y del sistema de atención a víctimas, a efecto de que las víctimas que viven fuera del país se puedan beneficiar de la atención y protección de las autoridades mexicanas, en igualdad de circunstancias que las víctimas en territorio nacional.
  • Que la CNDH de seguimiento al cumplimiento de la Recomendación 8VG/2017 por parte de la Procuraduría General de la República y de los gobiernos de Nuevo León y Tamaulipas.
  • Que la PGR sea transformada en una Fiscalía General de la República autónoma, que tenga la capacidad de investigar casos de graves violaciones a Derechos Humanos.

 

Contacto de prensa Jazmín Reza

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