Comité de Trabajadores Migratorios de la ONU expresa preocupación por impunidad en México

 

  • Ante la falta de cumplimiento, el Comité reiteró algunas preocupaciones emitidas desde 2011
  • El Comité urgió a México a investigar los hechos de las tres masacres del norte del país, ampliar el mandato de la Comisión Forense y garantizar el funcionamiento del Mecanismo de Apoyo Exterior desde las embajadas y consulados en Centroamérica

Ciudad de México, 20 de octubre de 2017. El pasado 14 de septiembre, el Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y sus Familiares de las Naciones Unidas (CTM) emitió las terceras observaciones finales en las cuales instó a México a adoptar medidas urgentes y estructurales sobre diversos temas, entre los que se encuentra la obligación de garantizar el derecho a la verdad, justicia, atención y reparación en casos de violaciones de derechos humanos contra migrantes.

De manera general, el CTM reiteró su preocupación “sobre la falta de acceso a la justicia y reparación para las víctimas de abusos y violaciones a derechos bajo la Convención. Observa con mucha preocupación la alta impunidad en delitos denunciados, la falta de confianza en las autoridades públicas, y el escaso presupuesto asignado para investigar adecuadamente esos delitos y asegurar la reparación apropiada.” Al respecto, señaló la importancia de que “[v]ele por que la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes, de la Procuraduría General de la República, y las fiscalías especializadas estatales inicien investigaciones de oficio cuando tengan conocimiento de crímenes contra migrantes y presuntas violaciones de sus derechos.”

Asimismo, y de manera más puntual, ante “la alta impunidad” de las masacres de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas (2010), el hallazgo de 195 restos en el mismo lugar en 2011 y el caso de 49 torsos encontrados en Cadereyta, Nuevo León, el CTM reiteró la recomendación emitida desde 2011 y “expres[ó] su profunda preocupación sobre las graves irregularidades en las investigaciones para identificar los responsables y las víctimas de las masacres (…) por las que no hay personas sancionadas.” También, resaltó “el impacto extremadamente grave de la desaparición forzada de personas en los migrantes y mexicanos en tránsito”.

Por ello, el CTM instó a México a investigar de manera seria y exhaustiva los hechos, incluyendo actos de corrupción y la posible relación de funcionarios con estructuras criminales. En las masacres de Tamaulipas y Nuevo León, el Estado debe investigar los hechos “bajo la clasificación de graves violaciones a los derechos humanos”.

Adicionalmente, el CTM reconoció como buena práctica la creación de la Comisión Forense (2013), [1] la cual tiene el mandato de identificar a las víctimas de las tres masacres y notificar a las familias de esos hallazgos. Esta Comisión, integrada por peritos de la Procuraduría General de la República y el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), es única en su especie porque también incluye la participación de diferentes comités de familiares y organizaciones de la sociedad civil. Por ello, el CTM recomendó “[g]estionar la ampliación del mandato y el financiamiento de la Comisión Forense a efecto de garantizar un cruce gradual de información forense de personas migrantes desaparecidas de otros casos fuera de los tres masacres.”

El CTM resaltó la creación del Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación y la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes de la PGR (2015), [2] que buscan eliminar las barreras de las familias de migrantes que no residen en México para denunciar delitos, ser informados/as regularmente de los avances en las investigaciones, participar en las mismas y obtener medidas de atención y reparación. Para garantizar su adecuado funcionamiento –ahora previsto por la recientemente aprobada Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas–, el CTM instó a México a: i) “Garantizar la implementación del Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación en los diferentes países de Centroamérica, asegurando que las personas migrantes y sus familiares tengan acceso fácil a las instituciones federales estatales e información sobre las investigaciones, y participen en el proceso; incluyendo a través de la creación de unidades permanentes en embajadas y consulados (…); y ii) Asegur[ar] la cooperación efectiva con comisiones de expertos y grupos multidisciplinarios de los países de origen y destino, para asistir a las personas migrantes víctimas de delitos graves, incluyendo desapariciones forzadas, así como en la búsqueda, localización y liberación de las personas desaparecidas y, en caso de fallecimiento, en la exhumación, la identificación y la restitución digna de sus restos”.

Dadas la relevancia de este tema, el CTM ha catalogado esas recomendaciones como “prioritarias” y ha requerido que el Estado mexicano presente, a más tardar el 1º de octubre de 2019, información por escrito respecto del cumplimiento de las anteriores recomendaciones.

Entre otras importantes recomendaciones relacionadas con el respeto y garantía de los derechos de las personas trabajadoras migrantes y sus familias, el CTM también reconoció los riesgos que enfrentan quienes defienden derechos humanos de migrantes y urgió a México a prevenir futuras agresiones, así como a brindarles una protección efectiva, a garantizar investigaciones y sanciones adecuadas en relación con esas agresiones. El CTM también pidió que las autoridades mexicanas reconozcan públicamente la labor de las personas defensoras de derechos humanos de migrantes, así como facilitar su ejercicio.

México es un país donde la impunidad es la regla. En octubre de 2015, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos señaló que “[e]stadísticas oficiales muestran que 98% de los crímenes cometidos en México quedan sin resolver”. Esta situación se agrava en casos de delitos o violaciones de derechos humanos cometidas en contra de personas migrantes, en los cuales sus familias no tienen la posibilidad de denunciar los delitos desde sus países, participar en las investigaciones y obtener una reparación adecuada. Por ello, urgimos a las autoridades mexicanas a cumplir a cabalidad las recomendaciones del CTM, instalando el mecanismo de seguimiento propuesto por el CTM. Eso sería un ejercicio de congruencia con la acertada exigencia de respeto de los derechos de nuestros connacionales en otros países.

El informe completo con las observaciones finales del CTM a México se encuentra disponible en el siguiente enlace:

http://www.hchr.org.mx/images/doc_pub/CMW_C_MEX_CO_3_25926_S.pdf

El Acuerdo A/117/15 por el que se crea la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes y el Mecanismo de Apoyo Exterior Mexicano de Búsqueda e Investigación, se encuentra disponible en:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5420681&fecha=18/12/2015

El Convenio de creación de la Comisión Forense se puede consultar en:

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312887&fecha=04/09/2013

 

Para mayor información:

Jazmín Reza

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