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En diciembre de 2014, el fiscal general de México (PGR), finalmente cumplió con una orden del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) para revelar información, en respuesta a una petición enviada por el Archivo de Seguridad Nacional. de los documentos sobre la detención de 17 funcionarios de la policía de San Fernando a raíz del caso de la masacre de 2011.

El documento es una cronología de las acciones de investigación emprendidas por subdirección de la PGR para el crimen organizado (SEIDO) después del descubrimiento de fosas comunes con los restos de cientos de víctimas en San Fernando, Tamaulipas en abril del 2011.

La nota identifica a nueve miembros del grupo criminal Los Zetas y 17 miembros de las fuerzas de policiacas de San Fernando detenidas en relación con los asesinatos e incluye un testimonio incriminatorio nunca antes visto sobre cómo la policía presuntamente ayudó a Los Zetas tanto en el secuestro de las víctimas como para que los perpetradores evitaran ser capturados.

Algunos documentos desclasificados anteriores ya han declarado que 10 de los 17 miembros de la policía fueron liberados de los cargos. Los otros siete están aún en procesamiento bajo siete cargos diferentes. Desde entonces, ninguna otra información se hizo pública.

Este documento desclasificado reaviva la lucha de las organizaciones locales e internacionales contra la opacidad y la impunidad.

IFAI: Los archivos investigativos de San Fernando son sujetos a excepciones de Derechos Humanos

En septiembre 2014 el IFAI encontró que la masacre de San Fernando 2011 fue una grave violación de los derechos humanos o del derecho humanitario a fin de acceder a la información, de conformidad con el artículo 14 de la ley de acceso de a la información de México.

El grupo criminal de los Zetas ligado a la policía de San Fernando en la masacre de migrantes

Los miembros detenidos de la banda de Los Zetas nombrados en el documento de la PGR dijeron que la policía de San Fernando actuó como “vigías” [“halconeo”] para el grupo, ayudaron con “la interceptación de las personas”, y se hicieron la vista gorda ante las actividades ilegales de Los Zetas.

Oficial de policía de San Fernando describe vínculos entre Los Zetas y funcionarios de la Policía

Uno de los policías detenidos nombrados en la nota dijo a los investigadores que la policía de San Fernando y oficiales de tránsito eran recibían pagos para entregar prisioneros a Los Zetas.

“Sé que la policía y los oficiales de tránsito en San Fernando ayudan a la organización de Los Zetas”, dijo a los investigadores de Seido. “Debido a que en vez de llevar a los detenidos al Pentágano, la cárcel municipal, los entregaban a Los Zetas.”

Funcionarios de Tamaulipas trataron de minimizar el alcance de la masacre del 2011

Informes de Estados Unidos muestran que los funcionarios mexicanos en Tamaulipas trataron de minimizar la extensión del derramamiento de sangre y ocultar la verdad de lo sucedido, diciendo a sus homólogos estadounidenses que “los cuerpos están siendo divididos para que el número total sea menos obvio y por lo tanto menos alarmante.”

Archivos de investigación de San Fernando y Cadereyta sujetos a excepciones de Derechos Humanos

Después de un juicio constitucional promovido por la Fundación para la Justicia, la Corte Suprema de México está a punto de decidir si las dos masacres de San Fernando (ocurridas en agosto de 2010 y abril de 2011) y los eventos Cadereyta (Mayo 2012) son graves violaciones de los Derechos Humanos. A partir de entonces, la información relacionada con estas masacres debe hacerse pública con el fin de garantizar el derecho de la sociedad a la verdad. Un juez local declaró, en primera instancia, que los tres eventos son graves violaciones de los Derechos Humanos con fines de información. A raíz de esta sentencia, el IFAI ha re-evaluado el caso y en septiembre de 2014 reconoció que la masacre del 2011 en San Fernando clasifica como una grave violación de los derechos humanos, de conformidad con el artículo 14 del acceso de México a la ley de información.

Para obtener más información sobre los Archivos de Seguridad Nacional, contacte con mevans@gwu.edu o jfranzbl@umich.edu o ver www.nsarchive.org/NSAEBB/NSAEBB499. Para la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho acceda a www.fundacionjusticia.org, o contacte a justiciayestadoderecho@gmail.com.

Primer Documento del Archivo del Caso de San Fernando en PDF

Archivo en PDF en inglés