El monitoreo de la situación en materia de Derechos Humanos pasa por una comunicación permanente con los órganos y organismos internacionales. Una de las principales herramientas para medir el impacto en términos de violaciones a los derechos humanos son los informes que elaboran estas instancias. En el marco de este monitoreo, la sociedad civil tiene la oportunidad de enviar información oportuna, fiable sobre casos de violaciones a los derechos humanos en el país y sobre el tema que trabajan. La Fundación para la Justicia junto con otras organizaciones de la sociedad civil y comités de familiares de migrantes ha elaborado varios informes para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y varios órganos y comités de las Naciones Unidas.

Esta página recopila, por orden cronológico, tanto los informes elaborados por órganos nacionales e internacionales cuya labor es de monitorear la situación en materia de violaciones a los derechos humanos como los informes que la Fundación para la Justicia envió.


 

PUBLICACIONES E INFORMES

 

2009

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha tomado conocimiento de los constantes y graves eventos de secuestro de que son víctimas los migrantes en su trayecto por el territorio nacional. La información que sustenta este conocimiento se basa en las quejas presentadas por los propios agraviados o abiertas de oficio por este organismo nacional, en testimonios recabados en albergues, estaciones migratorias y lugares de alta concentración y tránsito de migrantes, y en la información recabada y proporcionada por la Dimensión Pastoral de la Movilidad Humana de la Conferencia del Episcopado Mexicano y por los albergues y casas de migrantes que conforman la Red del Registro Nacional de Agresiones a Migrantes, así como en informaciones periodísticas publicadas en medios de información nacionales y regionales.


2011

La grave situación de seguridad por la que atraviesa México hace necesario, más que nunca la implementación de nuevos mecanismos para lograr una respuesta más satisfactoria desde el punto de vista forense, a los varios miles de familiares de personas desaparecidas en México y migrantes centroamericanos que se encuentran en calidad de no localizados habiéndose extraviado aparentemente en México, en su camino hacia los Estados Unidos de América.

La dinámica migratoria en cada país de la región presenta particularidades, pero si es posible realizar una mirada regional al contexto más allá de lo que ocurre en México, se observa que son comunes las condiciones de inequidad, desempleo, precariedad, falta de inversión pública y privada, falta de servicios públicos y sociales, corrupción e impunidad a diversos niveles, inseguridad ciudadana, inseguridad alimentaria, diferentes tipos de violencia social y política y la ausencia de un auténtico Estado de Derecho, condiciones que obligan a migrar a miles de sus connacionales, incluidos los y las mexicanas. El presente informe hace un revisión de dicha realidad para finalmente proponer una serie de recomendaciones generales y particulares en busca de mejorar las condiciones de los migrantes y sus familias.

Con el presente Informe se busca advertir sobre la dimensión actual del secuestro de migrantes y evaluar las acciones implementadas para su atención y combate. Asimismo, sensibilizar a las autoridades competentes sobre la urgencia de atender este delito y se proponen acciones para su prevención, así como para la atención integral a las víctimas.

La Relatoría sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una visita a México del 25 de julio al 2 de agosto de 2011. A continuación se presentan las Observaciones Preliminares de la Relatoría sobre la visita. Asimismo, la CIDH preparará un Informe Final que se hará publico a principios del 2012. El objetivo principal de la visita fue observar la situación de los derechos humanos de las personas migrantes en México.


2012

El presente informe tiene como finalidad la solicitud de tres puntos en el área forense.. La formación inmediata de una comisión técnica formada por personal forense internacional para colaborar con sus pares mexicanos en la identificación de restos provenientes de hallazgos que requieren especiales esfuerzos debido a su complejidad.  2. El inicio de un diálogo con el gobierno de México sobre la creación de un mecanismo nacional y otro regional, ambos con participación de la sociedad civil en su dirección, que faciliten el  intercambio de información sobre restos no identificados y personas desaparecidas a nivel nacional y migrantes no localizados centroamericanos extraviados aparentemente en México.  3. Tanto la comisión técnica expuesta en el primer punto como los mecanismos nacionales y regionales que se delinean en el segundo punto facilitarían también la adopción de protocolos y buenas practicas forenses a nivel nacional en México y regionalmente en el área de identificación de restos en casos complejos, facilitando así el intercambio de información, y aumentando significativamente la posibilidad de brindar una respuesta a varios miles de familiares de personas desparecidas en la región.

La desaparición forzada de personas es una violación múltiple y continuada de varios derechos humanos que guarda una estrecha relación con la prohibición de tortura y otros tratos inhumanos o degradantes. En este sentido, en varias de sus conclusiones y recomendaciones sobre informes periódicos, el Comité contra la Tortura (en adelante “CAT”) ha analizado la situación y la legislación de los Estados partes en materia de desaparición forzada de personas para averiguar su compatibilidad con la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

 El objetivo de la visita consistió en conocer los esfuerzos de México en el tratamiento de las desapariciones forzadas, examinar el estado de las investigaciones, las medidas adoptadas para prevenirlas, erradicarlas y combatir su impunidad, así como temas relativos a la verdad, la justicia y la reparación. El Grupo de Trabajo formula una serie de recomendaciones que abarcan desde la prevención, investigación, sanción y reparación de las víctimas de desapariciones forzadas, hasta la protección de grupos en situación de especial vulnerabilidad. Entre estas recomendaciones se destacan: garantizar que el delito de desaparición forzada sea incluido en los códigos penales de todas las entidades federativas y la armonización de la definición de la desaparición forzada de la legislación penal con lo establecido en los instrumentos internacionales de derechos humanos relevantes; garantizar la coordinación entre las autoridades responsables de la seguridad pública con el objetivo de prevenir e investigar adecuadamente la desaparición forzada de personas; garantizar la jurisdicción de los tribunales civiles en todos los asuntos relacionados con las desapariciones forzadas; establecer un programa nacional de búsqueda de personas que cuente con un protocolo de acción inmediata; y garantizar el derecho a la reparación integral a las víctimas de desaparición forzada


2013

A través del presente informe, se evidencia a la población migrante como un grupo especialmente vulnerable en México, que ha sido y continúa siendo víctima de graves violaciones a los Derechos Humanos, particularmente de ejecuciones extrajudiciales, en las que ha participado la delincuencia organizada en conjunto con servidores públicos mexicanos, ya sea de manera directa, o con su tolerancia o anuencia. De igual manera, se demuestra la falta de avance en las investigaciones y la inconsistencia en la identificación de restos derivados de dichas ejecuciones. Finalmente, se visualiza la negativa del gobierno mexicano en reconocer a los familiares de las personas migrantes ejecutadas como víctimas del delito…

México enfrenta importantes desafíos con respecto a la protección del derecho a la vida. Hay un fuerte flujo de drogas y migrantes vulnerables que pasan a través del país desde el sur hacia el norte, mientras que existe un flujo de armas proveniente de la frontera norte con Estados Unidos. Potentes y violentos cárteles, algunos de ellos con un alcance que sobrepasa las fronteras de México, se han arraigado e infiltrado en sectores del Gobierno. Este es un informe con las observaciones y recomendaciones preliminares para mejorar las condiciones estructurales en busca de la solución del problema que presentan las ejecuciones extrajudicial, sumarias o arbitrarias para la sociedad mexicana.

En sus observaciones finales, el Comité pidió a México que, a más tardar el 24 de noviembre de 2013, le facilite información sobre el seguimiento que haya dado a las recomendaciones de: a) asegurar o fortalecer las salvaguardias legales fundamentales para los detenidos; b) llevar a cabo investigaciones prontas, imparciales y eficaces; y, c) enjuiciar a los sospechosos y castigar a los culpables de tortura y malos tratos […]; y sobre las medidas que se adopten para garantizar la protección de defensores de derechos humanos y periodistas.

In general, it is the view of the subscribing organizations that since November 2012 there has not been a significant progress with regard to the fulfilment of the international obligations of Mexico pursuant to the Convention and, in particular, the recommendations issued by the CAT have not been duly implemented. The situation remains especially grave with regard to victims of enforced disappearance and their relatives, all the more when they are migrants.

En la actualidad México se caracteriza por ser un país de origen, tránsito, destino y cada vez en mayor medida de retorno de migrantes. México representa una antesala obligada de flujos migratorios mixtos, los cuales comprenden miles de migrantes, solicitantes de asilo, refugiados y víctimas de trata de personas que tienen por destino principal los Estados Unidos de América y en menor medida Canadá. De los países del continente americano, México es, sin lugar a dudas, el que refleja de forma más clara las diferentes facetas de la migración internacional a nivel de un país. El gran impacto que tiene la migración internacional en México, en particular como un país de origen de migrantes, han hecho que a nivel internacional se haya caracterizado por ser uno de los Estados que más ha impulsado y abogado por el reconocimiento y la protección de los derechos humanos de todos los migrantes.


2014

The nine associations submitting the integral report take note with satisfaction that in his preliminary observations the Special Rapporteur referred to migrants as a group particularly vulnerable to executions, and denounced the lack of a unified database on disappeared persons, the deficiencies of the forensic analysis and procedures followed, as well as the chronic impunity. However, persuaded that there are a number of other matters related to migrant persons victims of executions and their families that should be duly mentioned in the final report on the mission to Mexico, the associations wish to present this further document to the Special Rapporteur, containing updated information and additional data.

El presente documento pretende ser una contribución ulterior para el futuro informe del Relator Especial, informando de las principales novedades ocurridas desde abril de 2013 y proporcionado detalles e información adicional. Las asociaciones que suscriben el presente informe toman nota con satisfacción de que el Relator Especial dedicó un párrafo de sus observaciones preliminares de mayo de 2013 a los migrantes, destacando que “según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), 170 migrantes han sido asesinados en el país desde 2005, incluyendo la muerte masiva de 72 inmigrantes en agosto de 2010 en San Fernando, Tamaulipas.

The purpose of this publication is to illustrate the dramatic situation that migrant persons from Central America and Mexico have to face on their way to the United States as well as to display the work the Foundation for Justice has been developing since its foundation in 201

El presente informe se enfocará, en un primer punto, en las violaciones cometidas en contra de personas migrantes en tránsito, tanto de Centroamérica como de México, y a su derecho a no ser sometidos a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes en el contexto general de las desapariciones y concretamente de tres masacres, algunas de ellas marcadas por la actuación directa de autoridades estatales y, en mayor medida, por la abstención de actuar preventivamente en las mismas. En una segunda parte, el enfoque se centrará en las violaciones cometidas en contra de los familiares de personas migrantes. Finalmente, la Fundación para la Justicia presenta este documento con el ánimo de llamar la atención del Relator Especial sobre la problemática de tortura contra las personas migrantes en tránsito por México, víctimas de desaparición forzada, secuestros y ejecuciones sumarias, y de sus familiares en las respectivas comunidades de origen.

The alternative report is submitted by a group of non-governmental organizations and it is mainly focused on the specific subject of enforced disappearance of migrants and the obstacles faced by their families. The loopholes of the existing Mexican legislation concerning enforced disappearance are also thoroughly analysed. The omission of other subjects from the report shall not be interpreted by any means in the sense that the subscribing associations consider that Mexico meets all its obligations pursuant to the International Convention on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.

The Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho and TRIAL (Track Impunity Always) submit to the CEDAW written information for the follow-up on the subjects concerned, in order to assess whether the recommendations have been implemented, and to highlight the remaining obstacles faced on the elemination of discrimination.

El presente informe de seguimiento, suscrito por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y TRIAL, tiene como objetivo principal comentar el estado de la ejecución por parte de México de las recomendaciones que figuran en el párrafo 19 b) de las observaciones finales del Comité a los informes séptimo y octavo consolidados, mostrando las serias carencias que tiene el Estado mexicano en relación con el registro de las mujeres migrantes en tránsito desaparecidas y el impacto negativo que esa deficiencia tiene en los procedimientos y mecanismos formalmente adoptados por México para la búsqueda de personas desaparecidas

El presente informe, suscrito por las mencionadas organizaciones de la sociedad civil en conjunto con TRIAL (Track Impunity Always), tiene como objetivo principal el hacer de conocimiento y lograr el entendimiento del Comité sobre la situación que viven las personas migrantes en tránsito en México y sus familias en sus países de origen, los principales obstáculos para el ejercicio del derecho a la verdad y acceso a la justicia de las familias de personas migrantes desaparecidas, el desfase con la realidad y la falta de alcance de los mecanismos mencionados por México para los casos concretos de personas migrantes víctimas del delito y/o de violaciones a sus derechos humanos, en específico de desaparición forzada, definida en los términos de los Arts. 2 y 3 de la Convención.


2015

El presente documento, pretende proporcionar respuestas a algunas de las cuestiones formuladas por el Comité, tomando especialmente en cuenta las que están relacionadas con el mandato y la labor de las asociaciones concernidas y, en particular, la situación de las personas migrantes y sus familiares y las graves violaciones, incluida la desaparición forzada, padecidas por ellos.

El presente informe tiene como objetivo aportar información relevante a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante Comisión Interamericana, Comisión o CIDH) en cuanto al acceso a la justicia, derecho a la verdad y derechos a la atención y asistencia y a la reparación integral del daño de las personas migrantes en tránsito víctimas de delito y/o graves violaciones a sus derechos humanos en México y sus familiares. El informe busca aportar también algunas consideraciones respecto del deber de prevención que radica en cabeza del Estado, cuyo cumplimiento en los casos de personas migrantes en tránsito sigue siendo fundamental para evitar la comisión de graves violaciones de derechos humanos.


Como asociación que busca la rendición de cuentas y transparencia por parte de las autoridades, nos interesa ser claros en nuestro trabajo y recursos, por ello hacemos públicos nuestros proyectos y apoyos financieros.

Conjunto de medidas que debe realizar el Estado Mexicano para garantizar la búsqueda de personas migrantes desaparecidas, la investigación, sanción y reparación del daño por los delitos cometidos contra las personas migrantes, así como las medidas de atención, apoyo y asistencia desde el lugar donde se encuentren las víctimas y sus familiares.

La implementación de este mecanismo contribuiría a cumplir, además, recomendaciones precisas formuladas a México por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por varios procedimientos especiales de Naciones Unidas, en relación con elementos del acceso a justicia como lo son la búsqueda de personas de Centro América desaparecidas, la identificación y entrega de restos y el desarrollo de investigaciones efectivas.

El Comité observa con preocupación la información que da cuenta de que habría numerosos casos de desaparición de migrantes, incluyendo niños, entre los cuales habría casos de desaparición forzada, así como los desafíos que esta situación dramática plantea en relación con la plena observancia de los derechos a la justicia y a la verdad consagrados en la Convención, en particular dado que los allegados de las personas desaparecidas normalmente no residen en el Estado parte.

Ante las sistemáticas violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes en México y Centroamérica resulta necesario que los organismos públicos de derechos humanos, desde sus ámbitos regionales de competencia, junto con las organizaciones de la sociedad civil, fortalezcan sus capacidades para proteger y defender, de forma integral y proactiva los derechos de las personas migrantes.


2016

Las organizaciones que escribimos el presente informe observamos con preocupación que las desapariciones de personas continúan en aumento, y la mayoría permanecen en una situación de impunidad. En algunos de los supuestos avances que presenta el Estado mexicano, tenemos evidencia de que se trata de cambios cosméticos para simular el cumplimiento de las recomendaciones del Comité, y que no cuentan con estructuras operativas que garanticen la búsqueda de personas desaparecidas. En otros casos, los esfuerzos reales de los servidores públicos no se ven acompañados del compromiso del Estado en su conjunto para enfrentar las desapariciones en el país. Persisten deficiencias estructurales en la búsqueda e investigación de las desapariciones forzadas y por particulares que van desde la falta de recursos suficientes y personal especializado, hasta actitudes de servidores públicos que continúan optando por estigmatizar y criminalizar a las víctimas para evadir su responsabilidad de iniciar la búsqueda inmediata y la investigación.

La intención de realizar esta guía, fue por una parte, tener una compilación de criterios obligatorios que deben seguirse ante casos de desaparición y ejecución, para que desde la defensa de los derechos humanos en México y la práctica investigativa o la labor judicial, contemos con una mirada amplia y proteccionista en estos casos que son considerados como graves violaciones a los derechos humanos. Nos muestran también, cuáles son las obligaciones del Estado Mexicano y qué parámetros se tomarán para medir o valorar su actuar, desde el ámbito internacional.

Every country in the world is bound by the principle of the absolute prohibition of torture, without exception. Yet, as has been documented by the United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture (the Torture Fund) and other UN mechanisms, the torture of children and adolescents is still a shocking reality. Even very young children are not spared this suffering and are subjected to various forms of torture, including through the use of specific machinery to administer pain; mock executions; sexual abuse and assault; and being forced to witness pain, abuse, violence or humiliation being inflicted on other children or family members. Children are frequently targeted because they are children as a way to intimidate entire communities or to force their parents or other relatives to endure additional torture.

 


2017

 

El papel que cumplen las autoridades de procuración de justicia es fundamental para el correcto funcionamiento del sistema judicial y para la vigencia de los derechos humanos. Tanto el derecho de las víctimas de acceder a la justicia, como el derecho de los imputados a las garantías de un debido proceso, se ven afectados cuando la persecución del delito no se realiza de manera objetiva, independiente e imparcial. Como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha resaltado, la falta de independencia de los fiscales puede tener un impacto, tanto en la efectividad e impulso de las investigaciones como en la decisión de ejercer la acción penal, o de archivar una investigación. Por ello, resulta imprescindible que la selección de las altas autoridades del sistema de procuración de justicia –Fiscal o Procurador(a) General- recaiga sobre las personas más capaces e idóneas para el cargo. Ello requiere procesos de selección transparentes y públicos, orientados a identificar el mérito de los(as) candidatos(as), y en los cuales se permita la participación de la sociedad civil.

El presente documento contiene recomendaciones sobre los rasgos que deberían caracterizar los procesos de selección de altas autoridades del sistema de procuración de justicia y los elementos que debería contener un perfil de Fiscal o Procurador(a) General que sirva como herramienta idónea para identificar el mérito de los(as) candidatos(as) al más alto cargo del Ministerio Público.

El presente informe de seguimiento, suscrito por el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, A.C., la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho y TRIAL, tiene como objetivo principal comentar la ausencia de un registro único de personas desaparecidas a nivel nacional y los problemas relacionados con el Registro  Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas , asimismo pretende dar cuenta del seguimiento al funcionamiento de la Unidad de investigación de delitos para personas migrantes y del Mecanismo de Apoyo Exterior mexicano de búsqueda e investigación  así como de las falencias del sistema de búsqueda de las personas desaparecidas  y, en caso de fallecimiento, de búsqueda, exhumación, respeto y restitución de los restos mortales.

 

El  Informe 2016/17 de Amnistía Internacional documenta la situación de los derechos humanos en el mundo durante 2016. En el prólogo se hallan las  cinco reseñas regionales y posteriormente se encuentra el análisis individual de los 159 países y territorios que componen este informe, los cuales dan testimonio del sufrimiento que muchas personas soportan, ya sea durante un conflicto o al ser objeto de desplazamiento forzado, discriminación o represión. Pero estas páginas también reflejan que en algunos ámbitos se han hecho avances para proteger y garantizar los derechos humanos.

 

El informe “Situación de independencia y autonomía del sistema de procuración de justicia en México”, se presentó  en el marco del 161 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la Ciudad de Washington DC en marzo de 2017. En dicha audiencia el colectivo #FiscalíaQueSirva expuso sus puntos de vista sobre el proceso que debe llevarse a cabo para garantizar que la transición de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la República garantice efectivamente un mejor acceso a la justicia en nuestro país.

De igual forma se expuso que la independencia del sistema de justicia constituye uno de los pilares fundamentales de todo estado democrático. Sin embargo, en México la procuración de justicia se sigue administrando con criterios políticos. Esta condición de dependencia del Poder Ejecutivo permite un uso discrecional de la persecución penal y es la misma que impide su transformación a una institución con autonomía, independencia y capacidad técnica.

 

México es el país con la situación más crítica en las Américas: 200.000 asesinatos y 32.000 desapariciones en una década. Esta comunicación a la corte Penal Internacional detalla cómo entre los años 2009 y 2016 en Coahuila se cometieron crímenes de lesa humanidad dentro de los que destacan, la privación grave de la libertad física, tortura y desapariciones forzadas, como parte de un ataque sistemático contra la población civil de dicho Estado.

“La investigación realizada aporta información clave y de primera fuente sobre más de 500 casos concretos, testimonios, e indagaciones concluyentes que permiten evidenciar que se trata de crímenes de lesa humanidad”

 La CPI tiene competencia material y temporal sobre crímenes cometidos en territorio mexicano o por nacionales mexicanos ya que Los Estados Unidos Mexicanos ratificaron el Estatuto de Roma el 28 de octubre de 2005. La falta de investigación en México y la naturaleza de los delitos registrados hacen ineluctable la apertura de una investigación por parte de la CPI, frente a la cual las autoridades mexicanas se han mostrado hasta ahora reticentes.

El informe demuestra que en Coahuila no se está frente a una situación de violencia esporádica ni tampoco de violencia que se deba únicamente a los carteles de la droga. El informe identifica la existencia de una política de parte de (una estructura) del estado de Coahuila de permitir y apoyar activamente un ataque en contra de la población civil. La información analizada lleva los autores del informe a concluir que del 2009 al 2011/ 2012: Las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad con los Zetas en un contexto de innegable colusión. Y del 2011/ 2012 al 2016: Las autoridades estatales responsables de la seguridad cometieron crímenes de lesa humanidad directamente a través de las fuerzas especiales.

 

Desde el 2014 ha incrementado drásticamente el número de personas migrantes que viajan por México huyendo de la violencia en sus países, de las amenazas de las pandillas y luchando, literalmente, por sus vidas. La mayoría proviene de los países del Triángulo Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras). Una vez que cruzan a México suelen encontrar más violencia y, al igual que en sus países de origen, los delitos y abusos de los que son víctimas casi nunca se investigan ni castigan. Y aunque México afirma que “se enfoca en la protección de derechos humanos de las personas migrantes”2, los testimonios de las personas migrantes3 muestran una realidad distinta. Las extorsiones, secuestros, tortura, abuso y violación sexual, homicidios, asaltos y desapariciones de migrantes ocurren con frecuencia.

Este informe analiza si la creación de  fiscalías, unidades y mecanismos han contribuido a reducir la impunidad en delitos y violaciones de derechos humanos contra personas migrantes. La parte final de este reporte contiene propuestas y recomendaciones para mejorar el acceso a la justicia para personas migrantes en México.

Las organizaciones que suscriben la presente denuncia consideran oportuno llevar a conocimiento del Grupo de Trabajo la existencia de obstáculos a los que se enfrentan los niños, niñas y adolescentes víctimas de desaparición y sus familias en México. La denuncia se refiere tanto a niños, niñas y adolescentes víctimas directas de desaparición, como a niños, niñas y adolescentes familiares de personas desaparecidas. Además, en la denuncia general se hace referencia a la situación específica de los niños, niñas y adolescentes migrantes víctimas de desaparición en México. En este sentido, cabe recordar que México es un país de origen, tránsito, destino y de retorno de migrantes. La presente denuncia general tomará en cuenta esta dimensión compleja y el carácter pluridimensional de la migración internacional.

De conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, las víctimas de desaparición tienen derecho a conocer la verdad, a obtener justicia y reparación. Estos derechos están interrelacionados y son interdependientes. Asimismo, el derecho internacional establece que los niños, niñas y adolescentes adicionalmente tienen derecho, sin discriminación alguna, a medidas de protección especiales que requiere su condición.

 

México enfrenta una crisis de derechos humanos y una grave situación de corrupción e impunidad.  A nivel global, México es considerado como uno de los países con mayor impunidad, así lo muestra el Índice Global de Impunidad. El Índice también apunta que México presenta dos grandes problemas: de funcionalidad y de estructura del sistema de justicia penal.
Otro dato revelador es que el 97.1 por ciento de los casos en el sistema de procuración de justicia mexicano es por detención en flagrancia. Además, sólo se denuncian 7 de cada 100 delitos que ocurren en el país. Una de las razones es la falta de confianza en las autoridades de seguridad y procuración de justicia.  La reforma constitucional en materia político-electoral publicada en 2014 plantea la transformación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Fiscalía General de la República (FGR).

El Seminario “La Fiscalía que México necesita” realizado en la Ciudad de México en noviembre de 2016 fue una oportunidad para que el Colectivo #FiscalíaQueSirva reflexionara acerca de los grandes temas que preocupan sobre la procuración de justicia. El Colectivo referido está formado por
diversas organizaciones, académicos, líderes de opinión y diversos actores que desean participar en la transformación de la instancia federal de procuración de justicia, para que dé una respuesta efectiva a las necesidades que enfrenta el país en términos de impunidad.

Comenzar de cero, deconstruir para construir, refundar las instituciones de procuración de justicia en el país, parecen ser la única salida para dar un giro de ciento ochenta grados y cambiar de manera definitiva la forma como se procura justicia en México. Desde la voz de nuestros expertos invitados, las opciones parecen ser simples: o se aprovecha el momento histórico que tenemos frente a nosotros, o tendremos, al menos, veinte años más de impunidad y corrupción para México.

Informe alternativo presentado al Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares  a fin de presentar información, en vista del examen del tercer informe periódico de México en 2017, en el marco de la revisión periódica del cumplimiento de la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares.

 

Para acompañar el proceso de transformación de la Procuraduria General de la República (PGR) en la nueva Fiscalía General de la República  (FGR) de México la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés) y el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) presentan el documento “Estándares internacionales sobre la autonomía de los fiscales y las fiscalías”, que recopila los lineamientos y salvaguardas institucionales que deben rodear la figura del Fiscal General, de los fiscales y de la institución de la Fiscalía, para garantizar su funcionamiento autónomo y libre de interferencias.