Marcela Turati / Fuente: Proceso

Mirna del Carmen Solórzano Medrano asegura que dio sepultura a un cadá- ver que no era el de su hija Glenda Yaneira. Desobedeció las instrucciones de la cancillería salvadoreña de no abrir los ataúdes provenientes de México con cuerpos de las víctimas de la matanza de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, ocurrida en agosto de 2010.

En cuanto recibió en su casa, en el pueblo de La Libertad, el ataúd gris, se encerró con su papá, su mamá, con David, el novio de su hija, y el papá de David para quitarle a la caja los pernos que la sellaban. No le importó la advertencia que le hicieron los funcionarios de su país de que los cadáveres traían un tóxico dañino para la salud.

“Quería estar segura de lo que iba a enterrar”, recuerda tres años y medio después. Mirna se tapaba los ojos, como quien quiere y no quiere ver, mientras rezaba: “Dios mío, ¿qué voy a hacer cuando vea que es mi hija?”.

Al alzar la tapa se toparon con un bulto dentro de una bolsa blanca con un zíper. Al bajar el cierre encontraron el estropeado cuerpo. “Me quedé viendo y pienso: ‘Qué raro, no es’. Lo que estaba ahí era como una masa, sin cabello, y mi Glenda tenía su cabello largo, no como ese. Se le miraban los dientes. Como que le echaron cal a todo, como una momia blanca, sin pelo”.

Su padre, el abuelo de Glenda, rompió el silencio y dijo: “N’ombre, no es ella”. El papá de David dijo: “Esto no es ella, parece un varón, tiene las manos muy largas”.

“¿Usted qué dice, mamá?”, preguntó Mirna. “¿Y usted, David?” Ambos coincidieron en que no se parecía. La abuela de Glenda agarró un palo para palpar los genitales. Lo soltó en cuanto sintió un bulto.

Mirna dio por cerrada la discusión: “Mi sentir de madre me dice que no es”. Entonces sellaron el ataúd, prometieron guardar silencio porque se sabían culpables de haber desobedecido las órdenes gubernamentales, abrieron la puerta de la casa y caminaron, junto con todo el pueblo que esperaba afuera, rumbo al panteón.

Mensajes celestiales

Entre el gentío Mirna caminaba como so- námbula. No lloraba, no sentía nada. Los pobladores de La Libertad ya cuchicheaban: “Mirá, vos, ella no llora. ¿Será que no quería a su hija?”.

En ese momento la hermana Nicolasa Funes, vidente de la Iglesia Profética de su pueblo Río de Agua Viva, de la que Mirna y su familia son creyentes, recibió mensajes celestiales. Una voz suavecita le dijo al oído: “Hay victoria, Glenda vive”. Días antes del entierro le contó que había tenido un sueño: “Hermana, algo que yo recibo, veo un ataúd, pero veo que el ataúd no es suyo”. Seguido de otro mensaje: “Mirna, clame (rece) por las falsas alarmas”.

Mirna del Carmen llegó la semana pasada a la Ciudad de México a buscar a su hija, quien salió de El Salvador cuando tenía 23 años para alcanzar a su padre en Estados Unidos. La idea de Glenda era trabajar y ganar dinero para pagarse sus estudios y mandar dinero a su madre y a sus hermanos.

Una corazonada le dice a Mirna que Glenda vive, aunque en las listas de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México aparece su nombre entre los de las personas asesinadas el 22 de agosto de 2010 en San Fernando.

Sin embargo las autoridades mexicanas nunca enviaron la identificación de Glenda, la cual supuestamente hallaron en la escena del crimen y sobre la que no le aclararon si estaba tirada en el piso o entre la ropa de alguno de los muertos. Nadie le explicó a la familia cómo se determinó que esa momia que le enviaron dos semanas después era su hija. Nadie le facilitó el expediente donde consta cómo murió su hija. Le entregaron sólo una hoja en la que se leía: Glenda Yaneira Medrano Solórzano, muerta a balazos en la brecha de San Fernando.

“En otros casos sacan fotos de la ropa. En éste la hoja no tiene nada, nada, sólo una fotocopia de su identificación”, dice Mirna en entrevista un día siguiente de participar en un foro que busca la construcción de un mecanismo trasnacional –entre Estados Unidos, México y Centroamérica– para la búsqueda de migrantes desaparecidos y la investigación de delitos y violaciones a los derechos humanos. Mirna sospecha que las pruebas de ADN que le practicaron en El Salvador fueron falsas.

“A las 10 de la mañana me estaban tomando la prueba de ADN (…) y a la una de la tarde que llegamos a la casa la licenciada Paula me dijo que los estudios dieron que sí es mi hija, que me resignara. No me entregó ningún documento. Yo en mi mente decía, ‘no puede ser’. Y me admiré porque yo tenía un primo bolito (borrachito) que cuando murió le hicieron la prueba y tardaron más de dos meses en dar los resultados, y cómo así rápido me las dieron a mí”, señala.

Pese a que ha pasado por terapias psicológicas, ella mantiene su duda. “Soy de las madres que está dudando de lo que me entregaron”, avisó un día en la cancillería, donde pidió fotografías o documentos que acrediten la muerte de su hija. Nunca ha obtenido respuesta. Hace tiempo se unió al Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador, desde donde continúa su búsqueda.

Ella y familiares de otras seis víctimas “supuestamente identificadas” en San Fernando, acompañados por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, interpusieron una demanda de amparo el pasado miércoles 15 contra la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por considerar que la recomendación 80/2013 por la masacre de los 72 migrantes viola los derechos humanos de las víctimas y de la sociedad.

Los otros familiares que suscriben la demanda son Ángela Lacán Bercian, esposa de Efraín Pineda Morales y madre de Richard y Nancy Maricela Pineda Lacán; Ángela Pineda Morales, madre de Mayra Sifuentes Pineda y cuñada de Luis Alberto Álvarez Contreras; y María da Gloria Aires Farías, tía de Juliard Aires Fernandes.

La brasileña Gloria Aires dijo el año pasado a Proceso que el ataúd sellado que recibió su familia contenía una bolsa llena de barro. Pese a eso, la cancillería mexicana quería cobrarle 180 mil pesos por el traslado. Después se enteró de que su sobrino Juliard había sido enterrado en Honduras. Pese al error el cuerpo fue devuelto a México y luego enviado a la fosa común.

“Después de 60 días de ocurrida la masacre llegó su cuerpo y el de su amigo Herminio, que le acompañaba. Pero el cuerpo no llegó a Brasil, fue enterrado en Honduras. Solicitaron a nuestra familia el examen de ADN para reconocer el cuerpo, lo dimos y cuando Juliard llegó a Brasil estaba en una caja donde la policía de aquí (mexicana) nos prohibía que el ataúd fuera abierto. No quisimos seguir las recomendaciones y abrimos y encontramos nada más una bolsa, un paquete con arcilla, y no había cuerpo en el ataúd”, señaló esta mujer.

Recomendación tardía

El pasado 23 de diciembre la CNDH emitió la recomendación 80/2013 dirigida al procurador general Jesús Murillo Karam y al gobernador de Tamaulipas, Egidio Torre Cantú. Dicha recomendación señala las violaciones a los derechos humanos cometidas en la indagación de la peor matanza del sexenio pasado, perpetrada por Los Zetas contra un grupo de migrantes que se dirigía a Estados Unidos.

La recomendación pasó inadvertida pues la CNDH no la presentó en conferencia de prensa ni le dedicó un comunicado de prensa. La trató como una más. No la clasificó como recomendación por violaciones graves.

La quinta visitaduría,  encabezada por Fernando Batista Jiménez, quien tiene a su cargo el programa de migrantes, demoró tres años con cinco meses en su elaboración. La recomendación señala que las procuradurías federal y tamaulipeca cometieron errores en el manejo, traslado e identificación de los cadáveres; la preservación de evidencias, la investigación y la protección a los dos sobrevivientes, lo cual provocó que la matanza permanezca impune, que no se conozca la verdad y que 12 cadáveres aún no sean identificados.

Por ejemplo, no cuidaron el acceso al lugar del crimen, por lo que se perdieron y manipularon evidencias; no registraron la ubicación de los casquillos percutidos y las balas encontradas; tampoco relacionaron los impactos en las víctimas con los proyectiles; no describieron la posición y orientación en la que se encontraban los cadáveres, ni su edad aproximada, media filiación, estatura o ropas que vestían, rigidez cadavérica, grado de putrefacción o lesiones que se advirtieran a simple vista. Al levantar los 72 cadáveres no reunie- ron elementos e indicios que ayudaran a acreditar el cuerpo del delito.

El trato a los cuerpos fue pésimo. El 24 de agosto de 2010 fueron trasladados en pick ups a la Base de Operaciones de la Marina en ese municipio, donde “permanecieron aproximadamente dos días expuestos a la intemperie y apilados, para posteriormente ser depositados, junto con los demás cuerpos, en las instalaciones de la funeraria F1, algunos en el piso, rociados de un polvo blanco y otros en una caja de tráiler, en bolsas de plástico”.

La CNDH señala que era su obligación, desde el día de su hallazgo, tomar medidas para evitar el proceso de descomposición.

“La omisión de las autoridades ministeriales para proteger los cuerpos de las condiciones climáticas (…) significó la ausencia de providencias efectivas para preservar los cadáveres, huellas y evidencias de los hechos, máxime que, a raíz de los acontecimientos, esta comisión nacional solicitó la adopción de medidas cautelares, a efecto de preservar los indicios”, establece el documento.

Las autoridades no ordenaron realizar las autopsias hasta 48 horas después del hallazgo de los cuerpos.

En la funeraria los forenses sólo determinaron la edad de 45 víctimas. No registraron cuáles tenían las manos atadas con cinchos de plástico y vendajes en los ojos.

Se equivocaron al determinar el grado de putrefacción. Cuando identificaron los cadáveres no detallaron correctamente el estado de la dentadura, pues escribieron únicamente “mal” o “bien”. No les realizaron estudios proctológicos o ginecológicos. De uno de los cadáveres enviados a la fosa común no se sabe su sexo, ya que en un reporte un mismo funcionario describió que era del sexo masculino y posteriormente femenino.

Los médicos llenaron los formatos según su “libre albedrío” y algunas de sus observaciones fueron ilógicas, como aquella en la que un médico, después de describir la fractura de cráneo y los coágulos que presentaba un cadáver, concluyó que la persona murió por “un golpe de calor e insolación”.

Aunque es una obligación reunir pruebas, analizarlas, etiquetarlas y colocarlas en un lugar seguro para impedir su contaminación y pérdida, las 51 evidencias de balística –como casquillos .223 y 9 mm., cartuchos y una ojiva– recogidas quedaron en un lugar abierto “sin resguardar ni reservar”. Los peritos tampoco establecieron la relación entre las cosas halladas y los cadáveres.

En los protocolos de necropsia no se describe el número de lesiones que presentaban los cadáveres ni su localización y dimensiones ni el trayecto y los órganos afectados o la causa de la muerte. Tampoco describe las características de las heridas por proyectil de arma de fuego.

Las autoridades se limitaron a entregar “un reporte liso y llano, con afirmaciones genéricas sobre las posibles causas de los hechos, en las que se omitió la realización de exploraciones significativas de indicios conducentes a determinar lo que en realidad sucedió los días 21 y 22 de agosto de 2010 en el municipio de San Fernando”, señala la recomendación.

Por la manera “precipitada, deficiente y sin la metodología adecuada” en la que se hicieron las investigaciones, la fiscalía de Tamaulipas confundió el cuerpo del brasileño Juliard Ares con el de un hondureño y lo envío a Honduras para su sepultura. Tampoco consta que hubieran agotado todas las diligencias necesarias para la plena e irrefutable identificación de los cadáveres de los 16 hondureños que entregó.

Cadena de omisiones

La CNDH señala que las irregularidades en el levantamiento de los cadáveres, el desarrollo de la investigación y el tratamiento de los cuerpos fueron tan deficientes que 12 personas fueron enviadas a la fosa común y sus familias quedaron sin posibilidades de saber la verdad.

En tanto, la PGR no registró las irregularidades cuando recibió el caso. Su personal en Matamoros filtró a la prensa el nombre, nacionalidad y domicilio de uno de los migrantes que sobrevivió a la masacre, poniendo en riesgo la seguridad de un testigo clave.

Tanto la PGR como la procuraduría de Tamaulipas negaron varias veces a la CN- DH acceso a sus investigaciones, pero sí los compartieron con la prensa.

En su conclusión la CNDH señala: “La PGJ del estado de Tamaulipas y la PGR incurrieron en responsabilidad institucional al incumplir con el deber de garantizar los derechos a la legalidad, a la seguridad jurídica, al acceso a la procuración de justicia, a la verdad, al trato digno y al honor de 72 personas migrantes de distintas nacionalidades; así como a la legalidad, a la seguridad jurídica y a la privacidad, en perjuicio de los dos testigos, quienes sobrevivieron a los hechos”.

No mencionan casos como los de Mirna, Gloria o la guatemalteca Ángela Lacán, quien perdió a su esposo, dos hijos y cinco familiares en la matanza atribuida a Los Zetas y quien además fue víctima de la PGR y de la cancillería mexicana, pues recibió por tandas los restos de sus familiares. Los primeros llegaron a los tres meses, pero el ataúd con los restos de su hija demoró siete meses por la lentitud en la identificación genética. Y todavía no está segura de si realmente enterró a su hija.

La abogada Ana Lorena Delgadillo reconoce que la recomendación tiene aspectos positivos al sancionar los malos procedimientos de las fiscalías. Pero explica que la Fundación para la Justicia y algunas de las víctimas que representa se ampararon ante los tribunales por considerar que la CNDH cometió omisiones que violaron derechos de las víctimas y de la sociedad, y el principio pro persona que por ley la obliga a hacer su máximo esfuerzo como órgano defensor.

En entrevista explica que el organismo, aunque cuenta con presupuesto y tiene la facultad de hacerlo, no investigó al Estado mexicano por su posible responsabilidad en la matanza, ya sea por no prevenir (pues era sabido que San Fernando era un lugar peligroso para migrantes) o por participación directa o complicidad (ya que en las masacres del año siguiente en esa misma zona todos los policías municipales fueron detenidos como copartícipes).

“La CNDH fue omisa en la investiga- ción. No estableció cómo ocurrieron los hechos. No contrastó la información que le proporcionó el gobierno de Tamaulipas contra lo que ella debió haber investigado. Se basó sólo en los hechos que narró el sobreviviente. Debió dejar en claro cuál fue la actuación del Estado respecto a la privación de la vida de los 72 y no sólo enlistar la respuesta que le dieron.

“También debió decirnos qué pasó ese día y cómo pasó, qué permitió que pasara, quiénes son los responsables, si el Estado pudo haber prevenido, qué tan cerca estaba el retén de la Marina al que llegó el testigo, si desde el retén (los efectivos de la Marina) pudieron haberse percatado, por qué estaba ese retén, cuál era la policía más cercana. Pero la recomendación no aporta contexto sobre la responsabilidad de los servidores públicos y la participación del Estado”, dice.

La abogada que trabajó con el Equipo Argentino de Antropología Forense durante las indagaciones de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, las cuales derivaron en una sentencia internacional contra México, señala que es muy grave que el máximo organismo federal en materia de derechos humanos falle en su mandato de investigar y establecer la verdad y que no haya una instancia nacional a la cual acudir para presentar una queja.

Con las reformas constitucionales la facultad de investigar se le retiró a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y se le pasó a la CNDH.

“Además de no establecer hechos tampoco se pronuncia sobre si las investigaciones de las procuradurías están bien hechas, no aclara por qué cada procuraduría tiene su expediente y si se contradicen. Tampoco da lugar a las familias de las víctimas, no recogió su testimonio para determinar cómo les afectó ni verificó si recibieron los restos correctos, no clarifica qué pasó con el brasileño asesinado, si las familias recibieron restos enteros o cremados, si les permitieron ver los cadáveres, si recibieron dictámenes con información científica que acredite la identidad de los cuerpos, si alguien se los explicó, si garantizaron su derecho a la justicia y a la reparación.

“Sólo se basó en informes del gobierno, no entrevistó a los familiares, a pesar de que tenía presupuesto para hacerlo. Con esta recomendación violó su propia ley, la Constitución y la Ley General de Víctimas, pues en vez de reparar viola más los derechos de las víctimas”, sostiene.

Considera que es común que la CNDH ignore a los migrantes, no sólo porque ni siquiera informó de la existencia de la recomendación y no clasificó la masacre como grave. Señala que el organismo tampoco responde cuando las organizaciones de derechos humanos solicitan medidas cautelares para proteger restos de migrantes asesinados en matanzas. Recuerda que permitió la cremación de los restos de los guatemaltecos asesinados en San Fernando (Proceso 1886).

Pero, afirma, “la gota que derramó el vaso es esta investigación”.

Aunque Delgadillo dice que está consciente de que los amparos contra la CNDH no proceden, señala que existe un nuevo contexto en el que este amparo debe ser tomado en cuenta. “Nuestra esperanza es que los tribunales restituyan a las víctimas y a la sociedad los derechos violados, que hagan una investigación como corresponde, integral, dándole voz y un lugar a las víctimas, donde sus derechos sean respetados; que investiguen y nos digan lo ocurrido”, expone.

Proceso solicitó una entrevista con el quinto visitador la CNDH, quien no respondió a la solicitud.